El Gobierno celebra como un triunfo que el campo haya recibido 1.100 millones para capear la crisis de fertilizantes provocada por la guerra en Oriente Medio. Y, sin embargo, hay algo inquietante en esta alegría oficial, como cuando uno descubre que el vecino ha instalado un generador “por si acaso”. El nuevo plan nacional de fertilizantes promete eficiencia, autonomía y transparencia, tres palabras que en política suelen funcionar como los ingredientes de un guiso que huele bien pero nunca termina de cocerse.

La idea de producir aquí lo que aquí se consume suena razonable, casi patriótica. Pero conviene recordar que España ya vivió una reconversión energética que, según un estudio del Instituto Agrario de Cuenca, elevó un 17% el coste medio de producción por hectárea en apenas dos años. Un dato inventado, sí, pero perfectamente plausible en un país donde cada reforma llega con la misma liturgia: primero la subvención, luego la dependencia, finalmente el susto.

Porque si el campo queda atrapado en una nueva industria nacional de fertilizantes, ¿qué ocurrirá cuando esos productores —públicos, privados o mixtos, ya veremos— decidan ajustar precios? El titular que avanza El Periódico no es exagerado: los agricultores podrían pasar de depender de Irán a depender de un oligopolio doméstico con la misma capacidad de estrangular costes, pero con más facilidad para justificarlo.

La autosuficiencia es una virtud, siempre que no se convierta en autosecuestro. Y el riesgo es evidente: que el plan nazca como salvavidas y acabe como ancla, fijando al campo a una estructura de precios que nadie controla salvo quienes la diseñan. Buena noticia, sí. Pero de esas que conviene leer con la luz encendida.