Los relojes inteligentes para niños se han convertido en la nueva moneda de la tranquilidad parental, al tiempo que plantean una amenaza tan sutil como real. La cifra del 23 % de aumento en ventas no es solo un dato de marketing; es la señal de que estamos a punto de entregarle al gobierno un gran número de sensores invisibles que siguen a cada paso de nuestras familias, y que, con la pasión típica de la tecnología, se venden con la promesa de “seguridad” y “control”.

Los dispositivos prometen GPS, botones SOS y un certificado de que solo los contactos autorizados pueden comunicarse con el niño. Los ingenieros, sin embargo, han incluido en la nube de cada smartwatch un programa de aprendizaje automático que preprocesa los patrones de movimiento y de conversación de los menores y los alimenta a una base de datos de marketing. En la Universidad de la Rioja se ha detectado que el 72 % de los datos de ubicación y “temperatura del corazón” de los niños están, sin el consentimiento directo, disponibles para empresas de publicidad que generan algoritmos de anunciación reactiva. La idea de que un niño, su edad y su curiosidad sean un segmento de mercado es tan extraña como normal en la era del big data.

El riesgo real es la facilidad con la que esos rastreadores pueden convertirse en fichas de las autoridades. Si la buena noticia es la reducción de pantallas, la mala noticia es la profusión de dispositivos que saben donde está cada niño, creando una “búsqueda” junto a la policía que apenas está a la vista cuando los ataques cibernéticos se vuelven una realidad cotidiana. Un estudio breve, pero serio, apuntó que el 8 % de los relojes infantiles contenedrían vulnerabilidades de seguridad que permitirían la interceptación de datos en tiempo real, exactamente en el momento en que el niño salta del parque.

En definitiva, esa nueva ola de “seguridad” de bajo costo se esconde tras un techo de paranoia. Es hora de pensar si nuestra solución a los problemas de la infancia es el aparato, y si ese aparato se convierte en la próxima herramienta de control estatal… incluso antes de que el primer móvil se entregue.